El Congreso de la Unión aprobó el 28 de abril de 2023 un paquete de reformas a diversas leyes en materia de minería, uso de las aguas nacionales, equilibrio ecológico y control de residuos, con la finalidad de proteger y garantizar diversos derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Cámara de Diputados, a través del grupo parlamentario de Morena, impulsó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, con el principal objetivo de recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos disponibles en territorio nacional.
La modificación sustancial que es materia de este paquete de reformas trata sobre la reestructuración del esquema de concesiones mineras que se otorgaban a empresas privadas, toda vez que se trataba de:
1. Un proceso injusto de adjudicación directa de concesión sin necesidad de concurso público.
2. Al tratarse de una actividad de carácter preferente, se realizaban expropiaciones a comunidades rurales e indígenas sin una justa remuneración.
3. La vigencia de la concesión era extremadamente larga, con un período inicial de 50 años a otros iguales en caso de prórroga.
4.Ningún control ni proceso de verificación por uso de aguas al momento de realizar las actividades mineras.
5. Incertidumbre jurídica al permitir que las concesiones mineras se pudieran transmitir por cualquier tipo de documento o acto de naturaleza privada.
6. Permisión al concesionario de suspender o cancelar sus actividades mineras sin necesidad de realizar un proceso de restauración o rehabilitación del medio ambiente que ha sido afectado.
7.- Los residuos mineros o metalúrgicos no estaban establecidos en la ley correspondiente, por lo que no se actualizaba algún tipo de sanción contra el concesionario minero.
8.- Falta de disposiciones expresas en donde se tipifiquen conductas como delitos al momento de realizar actividades mineras.
Los anteriores puntos enunciados violentaban derechos humanos de acceso a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud, al respeto de los territorios de los pueblos originarios, al acceso de agua, al trabajo con protección garantizada, entre otros.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó los puntos a favor que contenía el paquete de reformas al sector minero, pues ahora “tiene que haber consultas a las comunidades” cuando se pretenda realizar actividades mineras, condición que la ley minera salinista no disponía dentro de sus artículos. Entonces, estas nuevas obligaciones se aplicarían sobre las nuevas concesiones que se otorguen en el futuro, respetando así los derechos ya adquiridos de los privados que obtuvieron su concesión según lo dispuesto en la ley anterior.
“Aclaro que incluye esto que hacía falta porque fue un abuso en efecto lo que hicieron. Nunca vamos a olvidar que destruyeron por la extracción de oro el cerro de San Pedro en San Luis Potosí que es el símbolo de San Luis Potosí”, resaltó el Presidente de la República.
En sentido con lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal expresó que su administración no ha otorgado ninguna concesión en minería a particulares, en contraste con los anteriores Gobiernos que otorgaron 120 millones de hectáreas a través de las concesiones mineras, significando un total del 60% del territorio nacional.
Con el paquete de reformas ya aprobado por el Congreso de la Unión, las concesionarias mineras estarán obligadas a:
1.- Acordar con los propietarios el uso de los terrenos que serán objeto de la actividad minera.
2.- Realizar una consulta previa al otorgamiento del título de concesión a los pueblos originarios que se verán afectados por la actividad minera.
3.- Concursar en licitaciones públicas para ganar el derecho a la concesión minera.
4.- Observar la nueva temporalidad de su concesión, que será de 30 años con posibilidad de una prórroga del mismo término.
5.- Realizar el proceso con la Secretaría de Economía para transferir la concesión minera a otro privado.
6.- Presentar un vehículo financiero: seguro, carta de crédito, depósito ante la Tesorería de la Federación, fideicomiso o cualquier otro que resulte idóneo para asegurar que la población que habita en las zonas donde se realizan actividades mineras cuenten con los recursos para cubrir los impactos pudieran ocasionar las actividades mineras en materia medioambiental, salud, social y económica.
7.- Implementar medidas de reutilización del agua dentro del lote minero.
8.- Informar a la Secretaría de Economía sobre cualquier accidente que hubiere causado daños o cualquier incidente que ponga en peligro la seguridad de las personas, sus bienes o al medio ambiente, que se suscite dentro del lote minero que ampara el título de concesión.
Se trata de un paquete de reformas de suma importancia, pues ahora se pondera la opinión de los dueños de los terrenos que serán objeto de la concesión minera, se procura la correcta utilización del agua y se garantiza que el medio ambiente que sea afectado debido a las actividades mineras sea restaurado por las empresas mineras.
Sin embargo, un colectivo de amparos se aproximan en contra de las recientes reformas publicadas, siendo interpuestas por los grupos empresariales mineros más poderosos del país: Frisco (Carlos Slim), Grupo México (Germán Larrea), Peñoles (familia Bailléres) y las compañías extranjeras provenientes de Canadá, a pesar que por cabildeo político se acordó ajustar ciertos puntos a favor de los particulares, como el uso del agua de laboreo y continuación de la especulación de la actividad minera.
Lo anterior amenaza la aplicación de las leyes en cuestión, pues los tribunales federales pueden decretar la suspensión provisional de estas y por ende dejarlas sin efectos hasta que se resuelvan los juicios en cuestión.
La cámara minera en México estableció su ruta estratégica en dos fases1:
- En la Cámara de Diputados consistió en modificar el enfoque a la iniciativa enviada por el Presidente de la República.
- En el Senado se trató de “congelar” la votación hasta tiempo indefinido, bajo la premisa de que no se había discutido lo suficiente entre los actores sociales, empresariales y políticos involucrados.
Ahora que el paquete de reformas fue aprobado por el Congreso de la Unión con muchas disposiciones que afectan severamente al esquema de actividades mineras que ejercían los grandes empresarios, el conjunto de empresas privadas activarán la estrategia de parálisis legal con el Poder Judicial de la Federación, por vía del juicio de amparo.
Solamente queda esperar el fallo que emitirán los tribunales federales sobre este paquete de reformas aprobadas, pues eso determinará la eficacia jurídica que tendrán estas nuevas leyes modificadas sobre los concesionarios mineros en México, y el salvaguarda de los diversos derechos humanos contemplados en la Constitución General que estas nuevas disposiciones legales pretenden hacer.
1 Dulce Olvera. 6 de mayo de 2023. “LEY MINERA: EL ENFRENTAMIENTO ENTRE AMLO Y LOS MULTIMILLONARIOS”. Periódico “Más Información”. Ley Minera: el enfrentamiento entre AMLO y los multimillonarios (massinformacion.com.mx)