La Nueva Reforma de Aguas Nacionales: Implicaciones Estratégicas y Hoja de Ruta para Guerrero
La aprobación de la Reforma Estructural en Materia de Aguas Nacionales (diciembre de 2025) marca un parteaguas en la gestión hídrica del país. El nuevo marco legal —integrado por la Ley General de Aguas (LGA) y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN)— redefine la relación entre el Estado mexicano, los usuarios del recurso y la naturaleza, colocando al Derecho Humano al Agua (DHA) como eje rector del sistema.
Este cambio normativo ocurre en medio de una profunda crisis hídrica nacional, caracterizada por 105 acuíferos sobreexplotados, sequías severas y tensiones crecientes con Estados Unidos por el incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Según el análisis del Consejo, México cerró el ciclo quinquenal 2020–2025 con un déficit aproximado de 1,158 millones de metros cúbicos, lo que detonó una presión diplomática sin precedentes y una amenaza arancelaria del 5% por parte del presidente Donald Trump.
Un nuevo paradigma hídrico
La reforma elimina la mercantilización del agua, prohíbe la transferencia privada de concesiones y fortalece a CONAGUA como “Autoridad del Agua”, con facultades exclusivas para otorgar, supervisar, reasignar y revocar volúmenes. También introduce sanciones más estrictas —incluidos Delitos Hídricos con hasta 14 años de prisión— y crea el Registro Nacional del Agua, una plataforma digital que sustituye al REPDA y permitirá trazabilidad total de concesiones, volúmenes y usuarios.
Se trata, en palabras del informe, de un tránsito “de un modelo reactivo a uno preventivo, transparente y basado en inteligencia de datos”, impulsado por un Ecosistema Digital Hídrico de alcance nacional. 
Implicaciones específicas para Guerrero
Guerrero tiene 180 días para armonizar su marco legal con la LGA. El análisis del Consejo identifica implicaciones críticas:
- Urgencia de armonización normativa
La Ley de Aguas de Guerrero y la Constitución local deben actualizarse para incorporar:
• Prioridad absoluta del consumo humano,
• Garantía del “mínimo vital” y prohibición del corte total del servicio,
• Reconocimiento jurídico a sistemas comunitarios y rurales.
- Presión sobre organismos operadores
CAPAMA, CAPACH y el resto de los OAMs enfrentan desafíos operativos: fugas superiores al 30%, baja eficiencia comercial y redes obsoletas. La nueva ley obliga a mejorar desempeño sin recurrir al corte total del servicio.
- Cuencas compartidas y vulnerabilidad territorial
El estudio detalla cómo Guerrero depende de cuencas interestatales —especialmente la RH18 del Balsas— compartidas con ocho estados. Decisiones federales de reasignación podrían afectar distritos de riego y grandes usuarios locales en escenarios de escasez aguas arriba.
- Crisis de lagunas costeras
Casos como Laguna de Tres Palos muestran contaminación severa con metales pesados, coliformes y sedimentos. El marco legal ahora permite aplicar sanciones reforzadas a responsables, impulsar soluciones de saneamiento y asegurar la salud pública. 
Soluciones operativas propuestas por el Consejo
El informe recomienda a Guerrero adoptar una estrategia integral basada en:
• Captación de agua pluvial para viviendas, escuelas y edificios públicos.
• Reducción de fugas y fomento del reúso de aguas tratadas.
• Regularización y fiscalización de pozos irregulares.
• Ecosistema Digital Hídrico Estatal, interoperable con el Registro Nacional del Agua.
• Financiamiento internacional a través de BID, Banco Mundial, GCF, NADBank y bonos verdes estatales.
Conclusión
La reforma hídrica representa una oportunidad histórica para garantizar justicia hídrica, sostenibilidad y seguridad para las comunidades de Guerrero. Pero también supone desafíos institucionales y financieros considerables.
El Consejo de Políticas Públicas reafirma su compromiso de acompañar al Gobierno del Estado en la armonización normativa, la modernización operativa y la construcción de soluciones basadas en evidencia científica y cooperación multinivel.